Un ayuntamiento se dedica a hacer expedientes, no a copiar discos ni libros”, se queja Javier Moliner, vicealcalde de Castellón del Partido Popular. Y es que el consistorio de la ciudad levantina ha calculado en 80.000 euros el gasto en concepto de canon durante los 2 últimos años, según se puede leer en Público en su edición del 29 de mayo.

Este ayuntamiento, junto con otros 2, el de Teulada y el de Pollença, ha presentado una moción en contra del impuesto digital.

El tema está candente a causa de la reciente resolución de la abogada general de la Unión Europea, Verica Trstenjak, en la que denuncia “la aplicación indiscriminada” del canon en España. En su informe establece que el canon digital viola la directiva europea sobre derechos de autor. Teniendo en cuenta que casi todas las conclusiones de la abogacía son sancionadas después por el Tribunal de Luxemburgo, parece que el fin del canon, al menos con el modelo actual, está próximo.

Por otra parte, opina que las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual deben adoptar medidas para aumentar su transparencia.

Por último insiste en que para cerrar una web la autorización del juez debería ser obligada en todos los casos, y no a discreción de la comisión.

Pero, sólo es agua de borrajas. La realidad es que se ha aprobado el anteproyecto de “la ley Sinde”.

La norma más polémica de la ley, permite a una comisión del Ministerio de Cultura el cierre de una página en cuatro días.

De nada sirvió la repulsa inmediata cuando se supo de las intenciones de la proposición de ley en la blogosfera y en general en los media. La gran influencia de los lobbys empresariales frente a la poca de la ciudadanía es una de las conclusiones que la ley arroja.

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Torres Mora, del PSOE, dice que “el canon lo debe pagar el fabricante”.  Y es que, el impopular canon, se ha cuestionado en la Subcomisión de la Propiedad Intelectual del Congreso de los Diputados, se han vertido comentarios contrarios a su justificación y se ha demandado mayor transparencia en cuanto a la recaudación y su empleo. En las filas de PP, José María Lasalle manifestó que el canon digital no es una solución adecuada y que habría que buscar alternativas, y comparó la situación actual con la Revolución Industrial, indicando que en aquella época “había sectores que querían destruir las máquinas”.

Peio H. Riaño, eun artículo de la misma edición del diario, se felicita porque España no quiera ser “la vanguardia de la piratería, ni de la represión” y de que se haya puesto “una primera piedra contra el ansia de los intereses económicos”.

Puede ser una buena noticia, a no ser que los fabricantes incrementen en sus precios el coste del canon.

Fuente: público.es